A Los Padres De Habla No Inglesa Se Les Niegan Servicios Esenciales De Traducción

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Durante meses, Wendy Rodas se sintió impotente y silenciada cada vez que intentaba contactarse con la escuela primaria de su hija, en Missouri.

Esta madre de tres hijos salvadoreña, que habla principalmente español, se esforzaba por comunicarse con maestros, administradores y líderes de distrito. Solicitó repetidamente servicios de intérpretes a los que ella ―y todos los padres de alumnos de escuelas públicas que no hablan inglés con fluidez― tiene derecho por ley.

Rodas dijo que, en la mayoría de sus intercambios con la escuela, ni siquiera le ofrecieron la posibilidad de acceder a un servicio de traducción a través del teléfono. Si ella necesitaba, en alguna oportunidad, informarles algo, como una inasistencia o que uno de los niños estaba llegando tarde, tenía que recurrir a su hijo mayor para que tradujera.

Esto alcanzó su punto álgido en otoño de 2022, cuando la hija de Rodas, entonces en quinto grado de primaria en South Kansas City, le contó a su madre que dos niños de la escuela “tocaban a la niña en las partes íntimas”. Cuando Rodas contactó a la escuela para reportar este hecho, al principio le proporcionaron un intérprete telefónico, contó ella misma, pero cuando la situación se agravó en los meses siguientes, la comunicación disminuyó.

En una reunión con los líderes del distrito para tratar las acusaciones de agresión y ataque a su hija que, de acuerdo a Rodas, se produjeron después, la madre dijo que le fue negado cualquier servicio de intérpretes proporcionado por la escuela.

“(Me sentí) Impotente porque a veces uno quiere comunicarse y decir las cosas en el momento”, dijo Rodas en una entrevista a The 74. “Me sentía mal también porque sentía que de cierta manera como que había un racismo; que, si no eres de ellos y no puedes hablar el idioma, entonces no te queremos acá. Como que, cuando llegaba, me ignoraban”.

Las experiencias de Rodas no son excepcionales, tal y como se desprende de entrevistas con más de una docena de padres, defensores de los derechos de los inmigrantes, abogados y expertos académicos, además de una revisión de los datos a nivel nacional. A los padres y familias que hablan un idioma distinto del inglés les es negado con frecuencia el acceso a las comunicaciones de la escuela de sus hijos en sus lenguas maternas. Y tienen que recurrir a menudo al traductor de Google, a su propio hijo o a un miembro del personal del centro educativo que sea bilingüe pero que no es un intérprete calificado en cuestiones tan simples como un día de inasistencia del alumno o tan complejas e intimidatorias como una reunión de educación especial o una audiencia disciplinaria de la escuela.

Todo esto puede llevar a una pérdida de la confianza entre las familias y las escuelas, así como a consecuencias nocivas para los estudiantes ―y esto está sucediendo todo el tiempo en distritos de todo el país, dicen quienes abogan por los derechos de los inmigrantes.

“Es un tema tan frecuente que todo el mundo lo conoce”, dijo Nancy Leon, directora de la organización de defensa de los inmigrantes MLOV (siglas en inglés de “muchas lenguas, una voz”), con sede en Washington D. C. “Es algo de lo que no se habla. Se da por supuesto. Así que es algo que los padres ni siquiera nos mencionan simplemente porque ocurre con mucha frecuencia”.

Es difícil determinar hasta qué punto está extendido el problema porque muchos padres no saben que legalmente tienen derecho a estos servicios, dijeron quienes abogan por los derechos de los inmigrantes. Y los que conocen sus derechos, a menudo, tienen miedo de reportar los incumplimientos o desconocen cómo abordar ese proceso. Otros incluso pueden sentirse avergonzados de solicitar los servicios, por considerar su situación como vergonzosa o una carga.

Otra madre de Missouri contó a The 74 que ella indicó en los papeles de inscripción que necesitaba un intérprete, pero que un día, cuando su hijo se lastimó en el colegio, la pusieron al teléfono con alguien cuyo español era tan pobre que ella debió pedirles que le hablaran en inglés.

Una forma de medir la magnitud del problema es el número de veces que se pide a los niños que hagan de intérpretes de sus padres en la escuela. Tricia McGhee, directora de comunicaciones de Revolución Educativa, con sede en el Medio Oeste de Estados Unidos, dijo que ellos le hacen esta pregunta a los chicos cuando el grupo realiza programas de apoyo a las familias hispanohablantes.

Cuando les preguntan: “‘¿Has sido alguna vez (un) intérprete de tu madre?’ Todos levantan la mano”, dijo McGhee. “Hasta el último de ellos”.

Innumerables ejemplos

Este año se cumple el 60 aniversario de la Ley de Derechos Civiles de Estado Unidos que otorgó a las familias el derecho legal a contar con servicios de interpretación y traducción en las escuelas públicas K-12 (desde kinder hasta el decimosegundo grado) conforme al Título VI.

A diferencia de lo que ocurre con los intérpretes legales y médicos, no existe una certificación nacional para los intérpretes del ámbito educativo, aunque se está trabajando en ello, según Ana Soler, presidenta de la National Association of Educational Translators and Interpreters of Spoken Languages (asociación nacional de traductores e intérpretes del ámbito educativo de lenguas habladas). Esto deja a los intérpretes de la educación en gran medida sin regulación, lo que significa que, incluso cuando los padres consiguen un intérprete, puede que no tenga suficiente formación o experiencia. Además, a menudo se accede a ellos a través de un servicio telefónico descrito por algunos como un sistema de acceso a los idiomas “de marque su casilla”.

En 2023, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos recibió unas 3.500 acusaciones por quejas relacionadas con el Título VI. De ellas, solo 54 estaban relacionadas con la comunicación con padres que no hablaban inglés con fluidez. Estas iban desde un niño en Colorado al que se le negó el acceso a almuerzos gratuitos o a un precio reducido —y que luego fue sancionado— por problemas de comunicación, hasta el uso generalizado de intérpretes y traductores sin formación por parte de un distrito de Rhode Island. El año anterior, se presentaron incluso menos quejas relacionadas con la comunicación: solo 34.

Pero expertos, quienes abogan por los derechos de los inmigrantes y padres afirman que estas cifras representan una pequeña parte del problema.

“Hemos visto innumerables ejemplos de escuelas que no ofrecen servicios de intérpretes en reuniones, de padres que van a escuelas y les dicen que no hay nadie allí que hable su idioma y que por tanto deben volver en otro momento”, dijo Rita Rodriguez-Engberg, directora del Proyecto de Derechos de los Estudiantes Inmigrantes de Advocates for Children of New York.

“Cada vez que oímos hablar de un ejemplo en una escuela, nosotros sabemos que probablemente hay docenas de padres en esa escuela que han pasado por lo mismo, porque somos lo suficientemente afortunados para que un padre nos cuente sobre eso”, añadió. 

La norma legal: “Un equilibrio muy delicado”

En 2021, algo más del 10% de los alumnos de K-12 a nivel nacional eran estudiantes de inglés. En algunos estados, el porcentaje de alumnos cuyos padres no hablan inglés con fluidez puede ser incluso mayor, y puede oscilar desde el 33% en California hasta casi ninguno en Montana, de acuerdo a una investigación de Education Week. Y, en 2021, alrededor de una quinta parte de los niños en edad escolar hablaba un idioma distinto al inglés en casa, y cerca del 4% de los niños en edad escolar vivía además en “hogares de habla inglesa limitada”.

La Family Needs Assessment (evaluación de necesidades familiares) de 2023, que encuestó a 980 familias, la gran mayoría de las cuales se identificaron como latinas con niños que son estudiantes de inglés, informó que casi el 60% de los padres estaban al menos algo preocupados por la falta de acceso a servicios de traducción o interpretación en la escuela.

En enero de 2015, el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación de Estados Unidos publicaron unas pautas conjuntas que describen cómo deberían ser estos servicios: Las escuelas deben comunicarse con los padres en un idioma que ellos entiendan y está prohibido pedir “al alumno, a otros estudiantes o al personal escolar no capacitado que traduzca o interprete”.

Los intérpretes y traductores deben tener conocimiento de los términos especializados en ambos idiomas y deben ser formados para su rol, incluyendo en esta formación la ética de la interpretación y de la traducción. El documento establece claramente que “no basta con que el personal simplemente sea bilingüe”. 

Es importante que las familias entiendan que “este no es un favor que ellos te están haciendo”, dijo Soler. “Ellos tienen que proporcionarte un acceso al idioma que sea de calidad, no simplemente cualquier persona que hable un poco un idioma para así cubrir sus obligaciones”.  

A pesar de su peso legal, estas disposiciones a menudo se malinterpretan o se infringen flagrantemente, según explicaron expertos y padres a The 74. Y algunos sostienen que estas directrices no llegan lo suficientemente lejos. 

“Francamente, la verborragia se deja librada a la interpretación”, dijo McGhee, de Revolución Educativa. “Así que si yo estuviera legislando, sería mucho más específica sobre las obligaciones”.

La norma no está del todo clara cuando se trata de personal escolar multilingüe que actúa como intérprete, afirma Paige Duggins-Clay, analista legal jefe de la Intercultural Development Research Association (la asociación de investigación sobre el desarrollo intercultural), con sede en Texas, por lo que “es un equilibrio muy delicado”. 

Y cuando estos derechos no se cumplen adecuadamente —y los padres se ven obstaculizados en sus esfuerzos por abogar por los derechos de sus hijos— las consecuencias pueden ser profundamente perjudiciales tanto para los alumnos como para las familias. 

“Tener un cuidador realmente comprometido es de vital importancia para el éxito de cualquier joven —dijo Duggins-Clay—, pero especialmente para el de un joven que puede ser nuevo en la comunidad escolar o que puede estar aprendiendo a hablar inglés e integrándose en la comunidad escolar en general”.

A menudo, las escuelas y los distritos alegan que los servicios de intérpretes y traductores son costosos y que los presupuestos son limitados, o que no tienen acceso a determinados idiomas a nivel local, dijo Alejandra Vázquez Baur, miembro de The Century Foundation, un grupo de reflexión (think tank) progresista con sede en Nueva York. 

Pero, agregó Vázquez Baur, estas son todas barreras que se pueden superar. 

Las escuelas también tienen cada vez más dificultades para reclutar y conservar a los educadores bilingües, aunque Vázquez Baur, que es bilingüe y exdocente, volvió a enfatizar que no es suficiente simplemente hablar otro idioma.

Cuando ella enseñó en el condado de Miami-Dade, en Florida, entre 2017 y 2019, dijo que con frecuencia recurrían a ella para que tradujera o interpretara para las familias. 

En aquel momento, dijo Vázquez Baur: “No me di cuenta de que el hecho de que me invocaran para las reuniones de padres-maestros de otros maestros y de que llamaran a padres para las cosas más diversas iba en contra de sus derechos”.

Superintendentes y líderes escolares de todo el país quieren cumplir su obligación legal y comunicarse eficazmente con los padres, pero a menudo se ven frustrados por una “brecha de implementación”, según John Malloy, subdirector ejecutivo de la Red de Aprendizaje en The School Superintendents Association (la asociación de superintendentes escolares) y exsuperintendente en California.

Según él, el problema procede tanto de la disponibilidad como de la financiación: “Hay una carencia de profesionales para cumplir con esa obligación (legal) y luego hay una carencia de dólares para pagar a esos profesionales”. 

El problema es endémico, añadió, y señaló: “Creo que sería difícil encontrar un distrito, incluso en vistas de nuestras obligaciones legales, que no esté luchando (con esto)”.

Para combatirlo, dijo Malloy, las escuelas necesitarán aumentar el financiamiento estatal y federal. 

“Demasiado a menudo en mi experiencia, si estamos hablando de educación especial, si estamos hablando del Título IX, si estamos hablando de este importante y legal requisito relacionado con el acceso (a la comunicación), estamos haciendo rendir al máximo los dólares de múltiples maneras”, dijo quien fue superintendente por 15 años. “Y al final del día, se espera que hagamos algo para lo que de hecho puede que no tengamos los recursos necesarios sin importar qué tan duro lo intentemos”.

Hasta entonces, los líderes escolares seguirán recurriendo a otras estrategias, como miembros de la familia o personal bilingüe sin la capacitación correspondiente, según Malloy.

El director de una escuela de un distrito rural de bajos ingresos del este de Carolina del Norte dijo a The 74 que había podido contratar a una secretaria de recepción que es tanto bilingüe como una intérprete capacitada.

“Pero la mayoría de la gente no es así de afortunada”, dijo Patrick Greene, que está en su decimosegundo año como director en escuelas del condado de Greene, Carolina del Norte, un distrito de 2.700 estudiantes. 

Encontrar un miembro del personal bilingüe y con formación era importante para él porque su población estudiantil es ahora aproximadamente un tercio latina, y hay solo un intérprete designado para todo el distrito. Greene dijo que se vio obligado a programar las reuniones “más oficiales”, como las audiencias disciplinarias, en función del horario de trabajo de ese único miembro del personal. “Él está muy ocupado”, dijo.

Todos los grandes detalles simplemente desaparecen

Alejandra se mudó de México a Missouri hace dos décadas y dio a luz a su hijo Dani tres años después de llegar. Descrito por su madre como un niño brillante e hiperactivo, Dani estaba en tercer grado cuando se lastimó de gravedad en las barras trepadoras de la escuela. 

Alejandra pidió que solo se utilizara su nombre de pila y el apodo de su hijo porque temía represalias por parte del distrito escolar de su hijo.

Después de que Dani caminara por sus propios medios a la enfermería ese día, y después de que la intérprete inicial hablara un español tan pobre que Alejandra le pidió que se pasara al inglés, fue el propio pequeño quien tuvo que explicar la tensa situación a su madre.

“Me sentí superfrustrada —añadió ella—, porque en realidad quien tomó el lugar de intérprete fue mi hijo y mi hijo era bien pequeño”.

Esta experiencia no era nueva, ni ha cambiado en los años desde entonces. Alejandra dijo que, en general, cuando sus hijos estaban en la escuela primaria, la escuela podía hacer que un intérprete estuviera disponible, pero solo si ella concertaba una cita con antelación. 

“En la escuela intermedia o middle school, no hay quien te interprete. Si tú no tienes alguien que vaya contigo, no hay. Y en high school pasa lo mismo, no te dan interpretación”.

En general, incluso cuando se ha proporcionado interpretación, ella la describió como deficiente y en gran medida inútil, marcada por traductores que traspasan los límites, interponiendo sus puntos de vista en las conversaciones de maneras que, dijo, son inapropiadas y acaban perjudicando a su hijo.

“Pienso que a veces la interpretación es bien difícil pero a veces creo que los trabajadores del distrito confunden interpretar con decir sus propias opiniones”, dijo. “Un intérprete es eso: es la rama de la comunicación entre la persona que habla un idioma (y que) lo transfiere al idioma que necesite ser interpretado. A veces siento que ellas opinan o responden de acuerdo a su pensamiento y eso no debería ser así”.

A menudo, ante estas deficiencias, se le pide al alumno que traduzca. Esto no solo es una violación de la ley, sino que además hace que las familias se sientan desconectadas de sus escuelas y conduce a una “adultización” de los niños, dijo Daysi Ximena Diaz-Strong, profesora asistente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chicago.

“Crea una especie de dinámica familiar interesante de padres que quieren apoyar a sus hijos pero que tienen este tipo de limitaciones estructurales. Entonces, esto obliga a los hijos a asumir más responsabilidades dentro del hogar”.

Ella dijo que, como persona que creció como inmigrante y que asumió esas responsabilidades ella misma, esto “te acompaña durante todo el camino hacia la vida adulta. Simplemente sabes que tú… eres responsable del bienestar de tu familia y que debes asumir esa carga a expensas de lo que sea, incluso de ti misma”.

A veces incluso los estudiantes son arrastrados a ser traductores de sus compañeros, según Hannah Liu, analista política en The Center for Law and Social Policy (centro de derecho y política social), en Washington D. C.

Según Liu, no se trata solo de un problema escolar individual, “es un problema muy extendido. Y pienso que es algo que se ha normalizado en la experiencia de los niños inmigrantes… Necesitamos desnormalizarlo y decir: ‘OK, en realidad, no estamos apoyando lo suficiente a nuestros niños’”.

McGhee, de Revolución Educativa, dijo que, a menos que la traducción se solicite con antelación, no suele estar disponible y que, incluso, cuando grupos de defensa de los derechos ya establecidos como el suyo hacen la solicitud, a menudo todavía sigue sin proporcionarse. Lo que sucede entonces, agregó, es que los administradores van a echar mano de alguien como una secretaria bilingüe para llenar el vacío.

“Si el alumno está en la enseñanza media o en un nivel superior, está haciendo toda su propia interpretación”, dijo.

McGhee dijo que una vez asistió a una audiencia disciplinaria cargada de emoción de un estudiante de inglés que se enfrentaba a la expulsión. Su madre no hablaba inglés, por lo que la escuela finalmente recurrió a una joven bilingüe miembro del personal que trabajaba en la oficina de atención al público pero que no tenía formación como intérprete. 

A medida que la reunión se fue intensificando, esta joven se fue poniendo cada vez más emotiva y empezó a llorar. McGhee dijo que se dirigió a ella y le ofreció hacerse cargo.

McGhee añadió que también fue testigo de reuniones en las que los miembros bilingües del personal están agotados y frustrados luego de que repetidamente se les pida que hagan este trabajo y que, por tanto, hacen lo mínimo indispensable. 

Christy Moreno, responsable de impacto y defensa de la comunidad en Revolución Educativa y proveedora de acceso lingüístico calificada, hizo hincapié en el daño que se causa cuando esto ocurre. Moreno fue la intérprete de las entrevistas a los padres para este artículo.

“A menudo, lo que veo, lo que experimento y lo que oigo son reuniones en las que, cuando la información es traducida al idioma de preferencia, esta es resumida”, dijo. “Así que todos los grandes detalles, todas las cosas muy importantes que necesitan ser tenidas en consideración cuando las familias están tomando decisiones sobre la experiencia educativa de sus hijos, simplemente desaparecen. Y, por lo tanto, ellos están siendo privados de sus derechos. Otra persona está tomando decisiones por ellos sin su verdadera aportación y, en última instancia, eso repercute en los estudiantes, en el niño”.

Moreno incluso ha visto casos en los que documentos legales, como los Programas Educativos Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), se traducen utilizando Google. “Lo he visto muchas veces, literalmente impreso en el IEP, que en la esquina superior dice: ‘Traducido por Google Translate’”.

“En realidad no es un sistema que esté funcionando”, dijo Rodriguez-Engberg, de Advocates for Children. “El problema es que hay recursos y hay orientación y definitivamente hay un poco de supervisión, es solo que no estoy segura de que las escuelas verdaderamente se estén responsabilizando”. 

A diferencia de las leyes federales que protegen a los estudiantes con discapacidades, añadió, los mecanismos de aplicación simplemente no son muy sólidos.

“Quiero que la gente conozca mi historia”

Wendy Rodas dijo que su hija fue hospitalizada en diciembre de 2022 como consecuencia de haber sido victimizada en su escuela de Missouri, y que su hijo se vio obligado a traducir una difícil conversación entre su madre y el director de la escuela sobre las traumatizantes experiencias de su hermana menor.

Finalmente, frustrada por la falta de respuesta de la escuela, Rodas recurrió a los Servicios de Protección al Menor y solicitó una reunión con el director, el superintendente y el director de servicios estudiantiles. También solicitó la presencia de un intérprete.

Llegada a este punto, una escéptica Rodas también recurrió a la ayuda externa de Revolución Educativa. La mañana de la reunión, el intérprete que ella había solicitado a la escuela no estaba allí, contó. Un miembro del personal en la sesión intentó sin éxito acceder a un traductor del teléfono. Finalmente, intervino la defensora de Revolución Educativa, una intérprete calificada.

Por primera vez, dijo Rodas, “sentí como que yo pude expresar todo lo que antes no pude”. 

Rodas dijo que nunca vio el resultado de la investigación sobre lo ocurrido a su hija. Pero en el año y medio transcurrido desde entonces, la joven ha estado sanando mediante terapia y se transfirió a otra escuela pública del distrito, una que sistemáticamente ofrece traducción a través de un traductor telefónico, dijo su madre. Esto es mejor que nada pero, al sentirse todavía desconectada, Rodas sigue dependiendo de servicios externos y de voluntarios. 

Rodas espera que se produzca un cambio: lo ideal sería que se asignara a cada escuela un miembro del personal bilingüe para facilitar la comunicación entre educadores y familias. Y, aunque revivir la historia de su hija es doloroso, ella aseguró que la comparte para animar a otros padres que no hablan inglés a luchar y a defender los derechos de sus hijos.

“Yo quiero que toda la gente conozca mi historia para que agarren valor o que digan ‘si ella pudo, yo también lo puedo hacer’. O sea, que hablen, que digan (…) y que se enteren que sí se puede comunicar porque hay medios que sí ayudan”.

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